El Dr. Raúl Aciar analizó los alcances del decreto 111/2025, que incorpora al Estado nacional dentro de los actores que pueden disponer del fondo de ampliación de la matriz productiva fueguina. Lamentó el silencio del gobierno nacional y consideró que debería reclamar claridad sobre el destino de los recursos de los que haría uso la gestión Milei, porque de la letra del decreto no se desprende que las obras se hagan en el territorio. Claramente hay “un desvío” de parte del fondo para los fueguinos. “El gobierno nacional le está sacando un 40% al FAMP, y después hay que ver adónde va a parar ese 40%. Todo lo que se comenta de este fideicomiso no es nada positivo, porque hay cuentas que administrar y controlar, y parece ser que no están muy controladas”, advirtió.
Río Grande.- El abogado Raúl Aciar sentó postura tras conocerse el decreto 111/2025, que implica “un desvío de fondos” que son de los fueguinos para que haga uso de ellos el gobierno nacional.
Por Radio Provincia hizo un repaso del origen de este nuevo instrumento legal y dijo que “haciendo un poco de historia, en octubre del 2021 se dictó el decreto 727, que prorrogó el subrégimen hasta el 2038. En ese mismo decretó se creó el FAMP, que es un fondo fiduciario público para la ampliación de la matriz productiva fueguina. El mismo decreto en su artículo cuatro decía que los empresarios que quisieran acceder al beneficio del decreto, tenían que obligarse a aportar el 15% del beneficio que obtienen en concepto del IVA, por la venta de los productos fabricados en Tierra del Fuego. Había que aportar esa plata para un fondo fiduciario privado”.
“Nosotros en 2021 dijimos que esto no era legal, porque el artículo 22 de la ley 19640 dice que el presidente de la nación podrá modificar, reducir o ampliar todos los beneficios de la ley, y esto no está dentro de las facultades, porque se está tratando de sacar dinero de una exención impositiva y desviarlo a una actividad privada”, expresó.
“Como este es un régimen de exención impositiva, es decir que nosotros no pagamos impuestos, y esos impuestos tienen una derivación, no se puede derivar eso a personas privadas o a otros que no sean los beneficiarios de la ley”, explicó el letrado.
“Ahora el decreto 111/2025, viene a modificar lo que se dijo con el decreto 727/2021. De esa parte que los empresarios deben aportar, el 40% va a ir para Tierra del Fuego y se destinará a inversiones en obras de infraestructura que presente la provincia, los municipios de Tierra del Fuego y/o el Estado nacional. El beneficio es para Tierra del Fuego y acá se desvía una parte para el Estado nacional, más allá de que decimos que la desviación del beneficio no es legal”, manifestó.
“Esto se plantea con el objetivo de que el Estado nacional haga obras de infraestructura en la provincia. En su redacción, el decreto dice que se hace necesario modificar el decreto 727, y esta cuestión de que se hace necesario debe ser explicada. Esto parece muy seductor para los fueguinos, porque pareciera ser que vamos a tener más plata para hacer obras públicas. Habla de obras para la reducción de costos logísticos y de la competitividad, y estas son abstracciones muy complicadas cuando se habla de plata. La reducción de costos logísticos es muy abstracta y se complica la cosa. Parece ser muy atractivo para nosotros, porque va a haber más plata para obras públicas, pero el decreto en su origen no es legal, en sentido formal, porque las exenciones son para los beneficiarios. Todo lo que no es exención va a la cuenta general del Ministerio de Economía de la Nación, adonde van todos los impuestos”, señaló.
Avizoró que “así como está el decreto 111, con algún vicio de origen, le da de comer a los detractores de la ley 19640. En la administración anterior, hacia fines de 2023, estuvimos a punto de que se derogara el régimen, y esta posibilidad sigue existiendo, porque hay quienes están en contra de la promoción industrial. Yo creo que esto puede llegar a ser motivo de una polémica. Esperemos que no”.
El manotazo
Lo cierto es que los fondos que iba a manejar la provincia y los municipios, ahora pueden ser utilizados por la gestión Milei. “El gobierno nacional le está sacando un 40% al FAMP, y después hay que ver adónde va a parar ese 40%. Todo lo que se comenta de este fideicomiso no es nada positivo, porque hay cuentas que administrar y controlar, y parece ser que no están muy controladas”, advirtió.
“Efectivamente, como el decreto dice que esto es para infraestructura para Tierra del Fuego propuesta por el gobierno, los municipios y/o el Estado nacional, quiere decir que esa plata también se la puede llevar el Estado nacional. Esto tiene una conexión con el fallo que obtuvo el Dr. Raúl Paderne, porque Raúl lo que obtuvo es una primera sentencia del juez federal de Ushuaia, que dice que, por todo lo que plantea el artículo 32 de la ley 19640 en su inciso C, no es constitucional, porque está incurriendo en una modificación impositiva, que no puede hacerse mediante un decreto. Solamente se pueden decretar temas que no tengan que ver con leyes penales, con leyes impositivas o con leyes electorales”, puntualizó.
Silencio de radio
Pese a la gravedad del asunto, todavía no se escuchó ninguna voz del gobierno fueguino y esto fue cuestionado por el letrado. “Yo lo que veo es que acá hay un silencio de parte de las autoridades provinciales. Todo esto es plata que a nosotros nos puede servir y que se pone en riesgo de que se vaya para la nación en otros lugares. El artículo dice que ese porcentaje es para la nación dentro del territorio de Tierra del Fuego, dice que es para la nación, y esta es la duda que nos pone un poco nerviosos, pero esto es cuestión de las autoridades provinciales. Acá habría que hacer planteos de las autoridades de la provincia, para que esto se ponga en su lugar y sea beneficioso para nosotros. Así como está, cuanto menos es desprolijo, no hay claridad, no hay una secuencia hilada que se pueda entender desde el sentido común. Esto que es para la provincia, y corresponde que la provincia, a través de sus autoridades, realice las acciones necesarias para aclararlo y ponerlo en un lugar de utilidad. Me parece que es muy posible que con esto surjan controversias”, concluyó.
